Breaking

lunes, 10 de marzo de 2014

Por un cambio en política de inmigración




Introducción a la cuestión

En las últimas semanas se han venido produciendo continuos incidentes en los que grupos de emigrantes subsaharianos tratan de entrar ilegalmente en España a través de las fronteras de Ceuta y de Melilla con Marruecos.

La historia en sí misma no es nueva, ya que la presión migratoria en nuestras fronteras africanas ha sido constante en las últimas décadas, y las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas, y los Islotes de Tierra y Mar del archipiélago de Alhucemas han sido año tras año el escenario de incidentes similares. De hecho, algunos expertos en cuestiones migratorias especulan con que entre 20.000 y 30.000 emigrantes irregulares, que se habrían ido concentrando en Marruecos en los últimos años, estarían asentados en el Rif esperando una oportunidad para entrar ilegalmente en España y hacer así realidad su particular sueño europeo.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte estos intentos de acceder irregularmente a territorio español, en bastantes ocasiones solo como estación de paso para conseguir llegar a otros países de la Unión Europea, están presentando una serie de rasgos diferenciadores específicos y recurrentes:


  • Los llevan a cabo grupos grandes, a veces centenares de individuos, dotados de un alto grado de organización, que intentan forzar la frontera de manera violenta y coordinada.

  • Las más de las veces parecen contar con la connivencia de ciudadanos españoles que les alertan de la presencia policial, fotografían y graban sus asaltos a la frontera, y acusan sistemáticamente a las fuerzas de seguridad españolas de cometer todo tipo de irregularidades al tratar de evitar la entrada de estos emigrantes ilegales en España.
 
  • Se producen a pesar de, se nos dice, la intachable colaboración del gobierno hermano de Rabat y de su Rey, el amigo Mohamed VI, que estaría haciendo todo lo que está en su mano para ayudarnos a proteger nuestras fronteras de los embates de la inmigración irregular.

  • Son objeto de una amplia cobertura mediática por un cierto sector de los medios de comunicación, que tiende a presentar a los emigrantes irregulares como pobre gente desesperada por el hambre y la pobreza, empujada a tratar de entrar ilegalmente en España como única alternativa para escapar de la miseria, cuando no como víctimas de dramas sociales y situaciones de violencia que ponen en peligro su propia vida.

  • Todos los actos destinados a evitar que se vulneren las fronteras se suelen juzgar de manera recurrente como ejemplos de la crueldad y la insensibilidad de un gobierno y unos cuerpos de seguridad del Estado que estarían privando a los inmigrantes de su legítimo derecho natural a una vida mejor, y que además lo harían con medios excesivos, métodos crueles y peligrosos, y con el más absoluto desprecio por la vida y la dignidad humana de esas pobres gentes.

El diagnóstico del problema

Y sin embargo este enfoque del problema, tan típico por otra parte en los españoles, que en público nos jactamos de un antirracismo casi pueril pero en privado adolecemos de los mismos tics xenófobos que las demás sociedades europeas, nos hace pasar por alto toda una serie de elementos imprescindibles para entender cómo funciona en realidad el fenómeno de la inmigración irregular, para comprender cómo gestionarlo, y para separar el grano de la paja a la hora de valorar en justicia el papel de cada cual en toda esta historia:
 
  • Los emigrantes irregulares que pretenden entrar en España procedentes del norte de África tienden a adoptar comportamientos organizados y se coordinan entre sí porque son conscientes de la ilicitud de sus intenciones, y lo que buscan es sumar fuerzas para violentar nuestras fronteras y nuestras leyes en lo relativo a las condiciones de acceso, residencia, y trabajo en territorio nacional. Su comportamiento es, lisa y llanamente, fruto de su voluntad consciente de incumplir a sabiendas las leyes españolas.

  • Efectivamente en España hay gente que se dedica a vulnerar la Ley y a ayudar a que otros la vulneren en todo lo relativo a la entrada, residencia y trabajo de emigrantes irregulares. Porque en España, de un tiempo a esta parte, parece que las Leyes están para no cumplirse. Y los que colaboran en la entrada de emigrantes irregulares, o los que ponen trabas a la policía cuando trata de hacer cumplir las leyes de inmigración y cuando se esfuerza por mantener el orden público, pero también los que se lucran con los emigrantes ilegales alquilándoles pisos-patera, los que les explotan laboralmente haciéndoles trabajar jornadas interminables a cambio de salarios de miseria, los que les empujan a la prostitución y se aprovechan de su dignidad y de su cuerpo, los que les venden permisos de trabajo falsificados o les amañan matrimonios de conveniencia para conseguir ilícitamente la residencia, todos esos son ciudadanos españoles (no mafias procedentes de países exóticos ni corruptos funcionarios de una nación extranjera, sino españoles…) que vulneran la Ley sin apenas sufrir las consecuencias de sus actos.

  • Marruecos, nuestro vecino del Sur, lleva décadas utilizando las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, y las demás Plazas de Soberanía como el talón de Aquiles en el que presionarnos con la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, para después vendernos su ayuda y así chantajearnos y poder condicionar nuestra política exterior. En último término la estrategia de Rabat se resume en

I)- crearle a España un problema que antes no tenía,

II)- amenazarnos con el agravamiento progresivo del problema,

III)- ofrecer su colaboración “desinteresada” (???) para resolver el problema, y

IV)- cobrarnos el favor a precio de oro.
 
  • Una parte de los españoles utilizamos la cuestión de la emigración irregular (realmente la manoseamos más que utilizarla…) como el tópico perfecto con el que crucificar al Gobierno de turno (pasa ahora y pasaba hace cuatro años…), como el asunto ideal para dar rienda suelta a ese espíritu nuestro tan maniqueo y tan cainita que nos lleva a desacreditar cualquier cosa que nuestros contrincantes políticos (nuestros enemigos…) digan o hagan por el mero hecho de provenir de ellos. Y además porque cuando hablamos de la emigración irregular se pone claramente de manifiesto hasta qué punto nos encanta a los españoles jugar a ser el perfecto individualista anárquico, y cuánto adoramos rechazar por sistema cualquier medida de ley y orden que adopte quien ostenta la autoridad.

  • La actual legislación vigente en España reguladora de las condiciones de acceso, residencia, y trabajo en territorio español, reconozcámoslo de una vez, no procede del tiempo de los Reyes Católicos, no la redactó un Inquisidor loco, no es obra de un Dictador con galones de general de división, no nos fue impuesta por una Potencia extranjera mediante un tratado internacional vergonzoso y claudicante, ni tampoco se la ha inventado un señor con uniforme de color verde y un tricornio negro en la cabeza. Podría ser tranquilizador para nuestras conciencias pensar que las cosas fueron así, pero sería engañarnos a nosotros mismos (una vez más… qué maravilloso deporte nacional…). Los españoles tendemos a olvidarnos de que la legislación vigente en España que regula estas materias, la conocida como Ley de Extranjería, procede del año 2000 (entones presidía el Gobierno José María Aznar, del PP), cuando fue aprobada en las Cortes de entonces por diputados a los que nosotros los ciudadanos habíamos elegido, y que su última reforma se llevó a cabo en el año 2009 (cuando presidía el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE) y de nuevo fue aprobada en las Cortes por diputados elegidos por todos nosotros. Y, aun más, también nos olvidamos de que la razón por la que se instauró la Ley de Extranjería fue precisamente para regular y limitar las condiciones de acceso, residencia, y trabajo en territorio español, y no para otra cosa…

Hacia un nuevo enfoque en la política de inmigración

Por todo lo expuesto, parece llegado el momento de que los españoles exijamos a nuestros políticos un enfoque radicalmente distinto en la política de inmigración, a fin de que se corrijan los errores cometidos hasta ahora. El objetivo común del conjunto de la sociedad debe ser regular y canalizar el fenómeno de la inmigración en España de manera ágil, sensata, de acuerdo con las necesidades y capacidades del país, y con un estricto respeto de la Ley.

Y para hacer posible este nuevo planteamiento resulta imprescindible construir un nuevo consenso en torno a la cuestión de la inmigración a partir de los siguientes principios:
 
  • La inmigración debe enmarcarse en primer lugar en el estricto respeto de la legislación vigente en el estado de acogida, que afecta tanto al inmigrante como a los poderes públicos. En consecuencia, los emigrantes deben desenvolverse dentro de los límites de la regulación legal en la materia, y los poderes públicos deben gestionar el hecho migratorio aplicando sin excepciones el principio de legalidad.

  • La inmigración es generalmente un fenómeno positivo para el país de acogida, que aporta crecimiento demográfico, desarrollo económico y vitalidad social, y permite además disponer de mano de obra para la realización de actividades que no se pueden cubrir con trabajadores nacionales. De hecho, los países que tradicionalmente han estado más abiertos a la inmigración (EEUU, Canadá o Australia son ejemplos claros) están hoy en día entre los más ricos y pujantes del mundo.

  • En realidad, que la inmigración sea una oportunidad o un problema depende no tanto del volumen del flujo migratorio, sino de que se realice de manera ordenada, que se ajuste a las normas del país receptor, y que conlleve una voluntad sincera de integrarse en la sociedad de acogida y un comportamiento leal por parte de la población inmigrante.

  • España no es una isla en el panorama internacional, sino que forma parte de la Unión Europea y tiene múltiples nexos con sus socios comunitarios. En consecuencia, el enfoque a la hora de gestionar el hecho migratorio no puede ser ya exclusivamente nacional, sino que debe pasar a ser esencialmente europeo. Además España, por su condición geográfica de frontera exterior de la Unión Europea, tiene contraídas unas obligaciones suplementarias ante sus socios en materia de inmigración, las cuales deben necesariamente verse correspondidas con una especial implicación de los demás miembros de la Unión en las políticas de control y gestión de la inmigración a desarrollar en nuestro país.

  • En consecuencia, los criterios de admisión y estancia de inmigrantes en territorio comunitario deberían ser iguales en toda la Unión Europea y, por tanto, los inmigrantes legales deberían tener plena libertad de circulación en el ámbito europeo y estar provistos de un único Permiso de Residencia común y válido para toda Europa. Asimismo, los países europeos deberían establecer y gestionar de manera conjunta la oferta de acogida de inmigrantes en base a sus necesidades y capacidades, teniendo en cuenta además de manera global la situación de sus respectivos mercados laborales.

  • Los países europeos deberían desarrollar una política común de acogida de la población inmigrante, la cual habría de incluir el fomento del dominio de las lenguas oficiales de los estados miembros, el conocimiento y el respeto de los valores sociales y culturales de Europa, y el respecto de la legislación de los países de acogida.

  • No se debe regularizar a los inmigrantes que accedan ilegalmente a Territorio Europeo, de manera tal que la única regularización posible para estas personas exija la salida de Europa y el reingreso de manera legal, sin excepciones. En consecuencia, se debe excluir del mercado laboral y del ámbito de los servicios públicos a las personas que accedan ilegalmente a la Unión Europea, de modo que se elimine cualquier tipo de efecto llamada a la inmigración ilegal.

  • Los inmigrantes ilegales deberían ver restringida su libertad de circulación en tanto no colaboren activamente para que la repatriación a su país de origen sea efectiva.

  • La protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea tendría que ser desarrollada de manera conjunta y solidaria por los países miembros, que deberían compartir los medios humanos y materiales adscritos al control de fronteras y flujos migratorios.

  • Europa debe, en fin, desarrollar una política común para el establecimiento de Convenios de repatriación automática de inmigrantes ilegales con los países terceros desde los que estos acceden a la Unión Europea, y habría de exigir la cooperación activa por parte de estos estados fronterizos en el control de los flujos migratorios como condición sine qua non para el establecimiento de cualquier acuerdo de colaboración entre estos estados fronterizos y la Unión Europea.

Ha llegado el momento de que Europa afronte con valentía un asunto tan complejo como el de la inmigración, pues está claro que las políticas desarrolladas en los últimos decenios no han funcionado. Pero para ello los Ciudadanos tenemos que exigir a los políticos un nuevo enfoque del asunto, un cambio sensato en la política de inmigración, alejado tanto del buenismo pueril como el populismo demagógico.

Debemos trabajar para que Europa siga siendo un espacio privilegiado de libertad, bienestar y convivencia en un mundo convulso.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Comentarios: