Inmigración y respeto a los valores

A lo largo del verano de 2025 en diversas localidades de España, como Alcalá de Henares o Jumilla, se han producido manifestaciones y altercados en protesta por el incremento de la inseguridad y la delincuencia atribuidos a la presencia de inmigrantes en esos municipios.

Para algunos estos hechos son un reflejo de la ola de xenofobia y rechazo a la inmigración que hace tiempo que se extiende por Europa, y que ahora estaría llegando también a España azuzada por la Ultraderecha, mientras que para otros lo ocurrido no es más que la respuesta espontánea de una parte no menor de la ciudadanía ante lo que ya percibe como un problema creciente para nuestra sociedad como consecuencia del fenómeno de la inmigración.

En las últimas décadas la entrada de inmigrantes en España ha ido creciendo de forma acelerada, y la gran mayoría de la clase política y de los medios de comunicación ha considerado el fenómeno esencialmente como la materialización de un deber humanitario, en tanto los inmigrantes tendrían el derecho humano a buscar un futuro mejor en sociedades prósperas como la nuestra, y como una oportunidad para nuestro país, que de esta manera podría resolver su baja tasa de natalidad, su creciente carencia de mano de obra no especializada, y su necesidad de incrementar los recursos públicos vía cotizaciones sociales e impuestos al trabajo y al consumo para así poder seguir financiando el gasto social creciente en materia de pensiones y de sanidad en una sociedad progresivamente envejecida como la española.

Para poner en contexto el asunto hay que considerar que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, en el presente año 2025 la población de nuestro país ha alcanzado los 49,1 millones de habitantes; de estos, 6,9 millones, el 14%, son extranjeros; 2,5 millones, el 5%, son españoles nacidos en el extranjero y nacionalizados; y 39,7 millones, el 81%, son españoles nacidos en España. Y en lo que se refiere a los datos de filiación a la Seguridad Social, en la actualidad cuatro de cada diez cotizantes en España son extranjeros, por lo que los inmigrantes suponen ya el 14,2% del total de cotizantes y ocupan cuatro de cada diez nuevos empleos, mayoritariamente en la hostelería, la construcción y la agricultura.

Sin embargo, más allá de los aspectos de humanitario, demográfico y económico inherentes al fenómeno de la inmigración, hay otras cuestiones sobre las que la gran mayoría de la clase política y de los medios de comunicación llevan décadas hurtándonos a los ciudadanos la posibilidad de expresar nuestra opinión y nuestras preocupaciones ante el fenómeno migratorio, opinión y preocupaciones, por otra parte, esenciales en tanto los ciudadanos somos, de acuerdo con nuestra Constitución, los únicos titulares de la soberanía y, por tanto, quienes debemos tener la palabra a la hora de decidir cómo queremos que sea, ahora y en el futuro, la sociedad en la que vivimos.

¿Y no será que las manifestaciones y altercados de este verano en diversas localidades son en realidad un aviso de que el pueblo español está preocupado por el impacto de la inmigración en nuestra sociedad y quiere que su voz se tenga en cuenta a la hora de gestionar la presencia de los inmigrantes en nuestro país sin que los políticos y los medios de comunicación pretendan suplantarles?

Porque más allá de lo moral, lo demográfico y lo económico, un fenómeno de inmigración acelerada como el que se ha producido en las últimas décadas y, por lo que nos auguran los expertos, se va a seguir produciendo en el futuro, plantea la pregunta de qué tenemos derecho a esperar como país de acogida de los inmigrantes que quieren venir aquí a vivir y a prosperar y, en última instancia, de qué tipo de sociedad queremos tener y qué valores y principios queremos que rijan nuestra vida.

Y en este sentido hay dos cuestiones que hasta ahora no han tenido el tratamiento que los ciudadanos querrían, cuales son la obligación del inmigrante de respetar las leyes del país que les acoge y el derecho que nos asiste a los ciudadanos a aspirar a que los valores y principios que rigen la sociedad se mantengan y se respeten.

En cuanto a la obligación que tiene el inmigrante de respetar las leyes del país, el primer punto, el más crucial, es cómo llega ese inmigrante a España, y cuáles deben ser las consecuencias de sus actos en este sentido.

Porque mientras una parte de los inmigrantes que han ido llegando en las últimas décadas lo han hecho accediendo al país de manera legal, pasando en su caso los controles fronterizos necesarios y provistos de documentación acreditativa de su nacionalidad, otra parte, de hecho un porcentaje no menor de inmigrantes, han llegado a España de manera absolutamente ilegal, violando de manera consciente nuestras fronteras marítimas y terrestres y careciendo de documentación acreditativa de su nacionalidad o incluso de su edad, con lo que ello supone de agresión a nuestro ordenamiento jurídico y a la propia sociedad. Y ante esta circunstancia, ¿tiene sentido que unos y otros, inmigrantes legales e inmigrantes ilegales, reciban de facto el mismo tratamiento benevolente y generoso por parte de nuestra sociedad? Una parte de los ciudadanos cree que no.

Y en lo que se refiere al tipo de sociedad queremos tener y qué valores y principios queremos que rijan nuestra vida, una parte de los inmigrantes llegados a España tienen a priori una alta capacidad de integración en nuestra sociedad por ser el español su lengua materna o tener valores de convivencia similares a los nuestros, pero la integración de otros grupos de inmigrantes ha sido, es y será, cuando menos, problemática, por carecer de las habilidades lingüísticas necesarias o, sobre todo, por tener unos valores culturales completamente opuestos a los de una sociedad como la nuestra, una sociedad en la que la igualdad entre hombres y mujeres, la tolerancia y el respeto a las minorías constituyen pilares irrenunciables de nuestra convivencia. Y ante esto, ¿estamos los ciudadanos dispuestos a que nuestros valores de convivencia se difuminen, se relajen o directamente se transformen debido al impacto del fenómeno de la inmigración? Una parte de los ciudadanos piensa que no.

Ha llegado el momento de que la inmigración en España se reoriente para darle a los ciudadanos la posibilidad de decidir en qué sociedad quieren vivir ahora y en el futuro, y para supeditar los aspectos humanitarios, demográficos y económicos del fenómeno migratorio a la voluntad de los españoles, únicos titulares de la soberanía del país de acogida.