Los "fantasiosos" Presupuestos para 2021

España, otoño del año 2020.

El país está sumido en la segunda oleada del COVID 19, que según las estadísticas del Ministerio de Sanidad hasta ahora ha producido más de 1 millón de contagiados y 35.000 muertos, si bien el Instituto Nacional de Estadística estima que la cifra real de fallecidos podría rondar en realidad los 60.000. 

El Gobierno prevé que el Producto Interior Bruto en el presente 2020 va a reducirse casi en un 9% con respecto a 2019, mientras que el gasto público va a llegar al 51% del PIB cuando el año anterior fue del 41%, todo ello debido a los costes sociales y sanitarios de la pandemia. 

A pesar del penoso panorama actual, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de presupuestos expansivo para 2021 con el que pretende sacar a la economía española del estado en que se encuentra, si bien para ello está dando por hechas generosas ayudas europeas, gracias a las cuales España podría recibir de la UE en los próximos años 140.000 millones de euros, de estos 72.700 millones como transferencias y el resto en préstamos. 

Ante esta situación uno podría suponer que el Ejecutivo de Coalición presidido por Pedro Sánchez se estaría dando un baño de realidad económica y habría olvidado ya las veleidades populistas con las que empezó su andadura hace casi un año, aunque solo fuera porque gobierna un país con una tasa de paro del 16,26%, y sus propias estimaciones para el cierre de año son de un déficit público del 14% del PIB y una deuda pública acumulada del 120%. 

Sin embargo, estamos asistiendo en los medios de comunicación a toda una cascada de reivindicaciones por parte de los más diversos colectivos quienes, de cara a los próximos presupuestos, demandan mejoras económicas en su situación; y lo sorprendente es que en todos los casos el sector del gobierno adscrito a Unidas Podemos apoya públicamente esas demandas, en contra incluso de la postura de los departamentos económicos del propio Ejecutivo, y en ningún momento Pedro Sánchez en su condición de Presidente del Gobierno pone orden en semejante gallinero. 

A modo de ejemplo, repasemos algunas de estas reclamaciones:

- La campaña denominada “Constantes y Vitales” exige que se destine el 2% de PIB para la investigación. 

- La campaña del 0,7 demanda que se dedique el 0,7% del PIB a la cooperación al desarrollo a nivel internacional. 

- Las llamadas “Mareas Blancas” exigen que el gasto en Sanidad Pública llegue al menos al 7% del PIB. 

- Las “Mareas Verdes” denuncian que España debería gastar en Educación Pública al menos lo mismo que la media de la UE, un 5% del PIB. 

- Los jubilados quieren que se blinden las pensiones públicas, que hoy suponen un 11% del PIB. 

- Los empleados públicos, cuyos salarios suponen el 10,4% del PIB, exigen subidas por encima del IPC para recuperar poder adquisitivo. 

- El gasto que se destina al desempleo en España se sitúa en el 1,9% del PIB y crecerá en los próximos años. 

- El Ingreso mínimo vital puesto en marcha en el presente ejercicio le va a costar al país entre 0,3% y 0,4% del PIB. 

- Hasta el momento el coste ERTEs se cifra en el 3,5% del PIB. 

- La deuda publica existente supone, solo de intereses anuales a pagar, una carga para el Estado del 2,3 % del PIB. 

- Según el Tesoro Público el volumen del principal de la Deuda Pública que vencerá el próximo año es del 9,9% del PIB. 

Lo malo es que si uno suma todas estas cosas y compara el resultado con las estimaciones económicas del propio Gobierno para 2021, consistentes en un PIB de 1,2 billones de euros y un gasto público del 51% del PIB (por otra parte, según el consenso de los economistas, estimaciones extremadamente optimistas…), resulta que los números no cuadran:

Y eso que estos números se centran solo en las grandes partidas y no incluyen, por ejemplo, ni el gasto en infraestructuras ni tampoco el gasto corriente necesario para mantener funcionando la maquinaria del Estado (la luz de las oficinas públicas; el combustible de los vehículos de policía y Guardia Civil, los carros de combate y los cazas del ejército, o los barcos de la Armada; el gasto farmacéutico; las becas de los estudiantes, etc.). 

Y ante esto uno se pregunta si no habrá nadie en el Ejecutivo que al menos sepa sumar, o si alguno de sus miembros tendrá idea de dónde conseguir esos casi 36.000 millones de euros de gasto adicional sobre un presupuesto ya de por sí inflado, que además se ha hecho asumiendo una recuperación económica rápida tras la primera oleada del coronavirus que en realidad no se está produciendo. 

La única conclusión posible es que en materia económica estamos en manos de un Gobierno no solo populista y despilfarrador, sino simplemente incapaz, que si nadie lo remedia nos está metiendo en una crisis durísima de la que en el mejor de los casos tardaremos como mínimo un lustro en salir. 

Dios nos coja confesados…