Su Majestad Pedro Sánchez

En el derecho español el indulto tiene un origen antiguo, y constituye la traslación al ordenamiento jurídico de una vieja figura legal conformada en el derecho romano como la potestad del soberano para conceder de manera discrecional a los criminales el perdón por los delitos que hubieran cometido y, por ende, la libertad.

En la Castilla medieval, Fernando III “el Santo” promulgó en 1241 el “Fuero Juzgo”, que es como se denominó a la traducción a la lengua romance del “Liber Iudiciorum” o “Lex Gothica”, código legal visigótico originalmente establecido por el rey Recesvinto en el año 654, y en ese texto se contempló el indulto como una prerrogativa reservada en exclusiva al Rey. En esa misma línea, años después el “Libro del Fuero de las Leyes”, conocido como “Las Siete Partidas”, compendio legal elaborado durante el reinado de Alfonso X, “el Sabio” (1221-1284), consagró de manera formal en el derecho castellano la institución del indulto como un privilegio real.

Ya en época contemporánea, el indulto surge en el ordenamiento jurídico español mediante la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora del ejercicio de la gracia del indulto, que de nuevo reconoce a esta institución como una prerrogativa regia, y así ha llegado desde su promulgación hace más de 150 años hasta nuestros días.

Sin embargo, en la actual legislatura la figura del indulto está de actualidad, pero no por su utilización como un privilegio real, sino por su uso persistente por parte del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quien, aunque suele jactarse de su condición de líder progresista, en realidad, desde que llegó a la presidencia del gobierno de España en junio de 2018 mediante una moción de censura, la primera llevada a cabo con éxito desde que entró en vigor la vigente Constitución de 1978, ha hecho uso de forma prolija de instrumentos legales de, como mínimo, cuestionable estética democrática que históricamente nacieron como prerrogativas regias, cuales son el otorgamiento de indultos, la promulgación de normas con rango de ley sin contar con el parlamento mediante el uso del decreto-ley, y la designación de candidatos para ocupar altas magistraturas del Estado, tales como por ejemplo la fiscalía general del Estado, obviando la contrastada imparcialidad que el candidato elegido debería en teoría acreditar.

Hablar de los decretos-leyes y de los nombramientos para ocupar altas magistraturas del Estado durante el gobierno de Pedro Sánchez requeriría más espacio del disponible aquí, pero si nos centramos, si quiera brevemente, en la lista de personas indultadas por el gobierno desde 2018 fácilmente constataremos que en la mayoría de los casos la medida de gracia adoptada no se basó en el consenso favorable del conjunto de la sociedad a favor de la misma, ni en el arrepentimiento público de los indultados, ni en el perdón por parte de sus víctimas, ni tampoco en el beneficio que para el interés general suponía la puesta en libertad de esos criminales.

Por el contrario, cuando uno revisa la lista indultados por Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno de España constata que la misma incluye a golpistas independentistas catalanes que en absoluto se han arrepentido del delito cometido, como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell y Dolors Bassa, y también encuentra a una madre secuestradora de sus propios hijos, como la granadina Juana Rivas, responsable además de un intento de alienación parental de los menores. Y en todos estos casos la única explicación que se puede encontrar para el indulto concedido reside en que la medida de gracia era útil políticamente para Pedro Sánchez, bien para congraciarse con sus apoyos parlamentarios independentistas, bien para ganar votos del feminismo más demagógico, bien para apaciguar las ansias políticas maximalistas de sus socios de coalición de la izquierda radical.

Por ello, tras la reciente sentencia judicial firme que ha condenado por prevaricación a los antiguos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a este último también por malversación de caudales públicos, y ello como consecuencia del perjuicio sufrido por las arcas del Estado por importe de 680 millones de euros durante sus años de gestión al frente de la Junta de Andalucía, surge la siguiente duda: ¿volverá ahora Pedro Sánchez a utilizar la figura del indulto, esta vez para librar de su responsabilidad criminal a sus viejos correligionarios Chaves y Griñán?

Y es que desde que accedió a la presidencia del gobierno de España en junio de 2018 Pedro Sánchez nos ha demostrado que su supuesta condición de líder progresista no es más que una fachada que esconde a un político que en realidad tiene de sí mismo el más alto concepto posible, que se cree por encima de las leyes, los compromisos y la palabra dada, y que, por ello, como si se tratara de un monarca absoluto moderno, se considera con derecho a utilizar a su antojo prerrogativas más propias de un rey que de un presidente de gobierno democrático, como por ejemplo el indulto, y además a hacerlo no en base a lo que sea más conveniente para los altos intereses del Estado, sino solo en función de su propia conveniencia política.

Por todo ello, uno puede perfectamente imaginarse a Pedro Sánchez Pérez-Castejón como una versión contemporánea de, por ejemplo, Luis XIV, diciéndose a si mismo cuando se mira en el espejo cada mañana en el Palacio de la Moncloa: “el Estado soy yo”.