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viernes, 18 de julio de 2014

Cataluña, choque de esquizofrenias


Conforme se va acercando al 9 de noviembre de 2014, fecha en la que el Presidente de la Generalidad Artur Más pretende llevar a cabo un referéndum de autodeterminación de Cataluña, los ciudadanos asistimos atónitos al choque de dos visiones políticas contrapuestos que, sin embargo, y aunque pueda resultar en un primer momento sorprendente, podrán compartir sin problemas la consideración de esquizofrenia política.

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico de tipo crónico y grave, que se caracteriza por llevar aparejado alteraciones en la percepción o expresión de la realidad en quienes la padecen, que terminan abocando al sujeto a una mutación sostenida de determinados procesos psíquicos, sobre todo de los vinculados a la conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Así, según avanza su enfermedad, al sujeto esquizofrénico le resulta cada vez más difícil formarse una idea real de lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, su capacidad para mantener conductas motivadas y dirigidas al logro de metas se resiente, con el resultado de una creciente disfunción social del individuo.


Y efectivamente en todo este embrollo en que se ha convertido la cuestión catalana en los últimos tiempos se fácil identificar dos ejemplos de esquizofrenia política totalmente contrapuestos pero, a la vez, complementarios, que se alimentan mutuamente.

Por un lado está la esquizofrenia política del nacionalismo catalán, que tras décadas ocultando sus intenciones -que siempre fueron independentistas y que siempre pretendieron romper España-, y después de superar la etapa estatutaria, se ha lanzado sin tapujos a la pretensión de construir una Cataluña independiente, una pesadilla completamente alejada de la realidad.

Y una vez dado el paso hacia la nada, el nacionalismo catalán -que durante décadas se había escondido en las faldas de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para abusar de las herramientas que un Estado naif y bienintencionado le concedió, poniéndolas al servicio de sus intereses sectarios con el fin de "fabricar" toda una generación de catalanes criados en el rencor y la envidia enfermiza al resto de España y a los demás españoles- ha abandonado el mundo de lo real y se ha zambullido en un universo paralelo, a medio camino entre lo onírico y lo patético.

Así, el nacionalismo se ha inventado la historia de una Cataluña independiente que nunca existió; ha transformado la Guerra de Sucesión y la toma de Barcelona del 11 de septiembre de 1714 en una delirante fantasía secesionista; ha convertido al patriota español Rafael Casanova (que luchó a favor del Archiduque Carlos, y a quien Felipe V indultó al final de la guerra y otorgó una pensión, que conservó hasta su muerte... en 1743) en un supuesto héroe nacional catalán; se ha inventado una represión franquista contra la lengua catalana que no fue tal, y llama defensa de la lengua propia a la persecución del español; se inventa un agravio del Tribunal Constitucional al anular un par de artículos de un Estatuto de Autonomía que violenta frontalmente la Constitución; llama convivencia democrática en Cataluña a lo que en realidad es un ejercicio de limpieza identitaria contra todo lo que huele a español, a imitación de los peores totalitarismos; y, en última instancia, se inventa una supuesta soberanía nacional de un supuesto pueblo catalán que, al menos jurídicamente (otra cosa puede ser los sentimientos de cada cual...), ni es pueblo, ni es soberano, ni constituye una nación.

Y frente a este ejercicio enfermizo de deformación de la realidad por parte del nacionalismo catalán, ¿con qué nos encontramos?

Pues allí donde debería haber firmeza, generosidad, coraje, amplitud de miras, y visión de estado lo único que encontramos es la esquizofrenia política de Mariano Rajoy, el gobierno que preside y el partido que lo sustenta, que ha optado por una política exclusivamente reactiva, un híbrido entre el "tancredismo político" y el comportamiento del avestruz enterrando la cabeza en el suelo cuando llega el peligro, todo ello aderezado con una mezcla de debilidad estratégica y agresividad táctica.

Para explicar nuestra valoración tenemos que descomponer la reacción del Estado ante el secesionismo catalán en dos aspectos: de una parte los estratégicos, fundamentales, de largo plazo; de otra las cuestiones tácticas, instrumentales, cortoplazistas. 

En lo que tiene que ver con lo estratégico, la postura del estado ante el separatismo catalán ha oscilado entre el apaciguamiento y la pura claudicación: aceptó frivolizar con conceptos tales como nación y soberanía, cuando la Constitución afirma inequívocamente que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y proclama la indisoluble unidad de la Nación española; permitió el arrinconamiento del español, lengua común y oficial del estado, con la excusa de la preservación de la lengua catalana; consintió en la desaparición de los resortes y los símbolos del estado en Cataluña -ejército, policía nacional y guardia civil; administración del estado; la propia enseña nacional...-, o, en fin, miró para otro lado cuando la autonomía sirvió para convertir a los no nacionalistas residentes en Cataluña en "ciudadanos de segunda", en una suerte de parias culturales abocados a la extinción civil...

Por el contrario, mientras en lo estratégico, en lo importante, el estado claudicaba, en lo táctico la respuesta que han recibido las demandas del nacionalismo catalán ha sido, las más de las veces, el inmovilismo más absoluto, el no por el no: Cataluña sufre, como las demás regiones más pobladas de España (Madrid, Comunidad Valenciana...) un sistema de financiación autonómica que hace tiempo que transformó la solidaridad interregional en un premio al derroche; los mecanismos de reequilibrio de rentas han devenido en herramientas que pagan las regiones ricas (de nuevo Cataluña y Madrid, pero también Navarra o Baleares) pero que sirven para costear el clientelismo de castas autonómicas instaladas desde hace décadas en el poder (el PSOE en Andalucía, el PP en Castilla-León...); la ley electoral otorga una escandalosa sobrerrepresentación en el Congreso a las provincias menos pobladas (controladas por los grandes partidos, PP y PSOE), en detrimento de los ciudadanos de las regiones más pobladas (Madrid, Cataluña...); el Senado, que hace tiempo debería haberse convertido en una cámara de representación territorial donde las autonomías representadas paritariamente reequilibraran el poder del Ejecutivo y del Congreso (en línea con el funcionamiento del Senado alemán o, mejor aún, del Senado norteamericano), sigue siendo una especie de cortijo donde los partidos tradicionales aparcan a políticos cuya vida útil caducó ya pero a los que hay que garantizar un retiro digno...

Y, para finalizar, ¿Qué podemos hacer para superar esta situación, este choque de esquizofrenias políticas en que se ha convertido la cuestión de Cataluña?

Probablemente habría que empezar por dejar claro, con firmeza, sin tapujos, sin parches, pero también sin engaños ni mentiras, cuáles son las líneas rojas de nuestra Democracia: qué cabe y qué no cabe dentro de la vigente Constitución española; hasta qué punto la igualdad radical de los ciudadanos, que es un activo a recuperar, solo estará garantizada cuando cualquier español y su familia puedan desarrollar plenamente su vida de la misma manera en cualquier punto del territorio nacional (en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Sevilla, en Pontevedra o en La Alberca...) en igualdad de derechos y obligaciones; o cómo todo vale o todo se puede defender siempre y cuando se haga dentro de la Ley, y no fuera de ella.

Pero también habría que superar aspectos de la arquitectura de la Transición que, 35 años después de instaurada la Democracia, está claro que chirrían: la solidaridad (entre individuos, entre clases, entre regiones) debe garantizar la igualdad de oportunidades, pero sin convertirse en una herramienta de subvención permanente ni una losa que limite el progreso de los más esforzados y eficientes; las finanzas públicas deben ser gobernadas con rigor, austeridad y eficiencia, y el estado debe actuar de acuerdo con la verdadera riqueza del país, sin excesos ni despilfarros; la arquitectura constitucional debe garantizar un verdadero sistema de equilibrio y una efectiva separación de poderes; la Justicia Constitucional debe dejar de ser una tercera cámara sometida a vaivenes políticos y transformarse en un órgano realmente independiente, que asegure a todos y para todos (ciudadanos, regiones, poderes del estado) la vigencia y el respeto del orden constitucional, sin pasteleos políticos ni componendas; etc., etc., etc.

Y si los políticos no son capaces de curarse de estas esquizofrenias, que están emponzoñando la situación en Cataluña (y, por extensión, en el conjunto de España...), quizá ha llegado el momento de que la sociedad civil tome conciencia de la gravedad de la situación en la que nos encontramos e impulse soluciones valientes a nuestros acuciantes problemas, como es el caso del separatismo en Cataluña.

El futuro es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos.


PS: la publicación de esta entrada en el blog coincide con la presentación de una iniciativa, denominada MANIFIESTO DE LOS LIBRES E IGUALES, que apunta en la misma dirección que lo escrito más arriba.

Trascribo a continuación este manifiesto, y quien esté interesado en apoyarlo lo podrá encontrar en http://www.libreseiguales.es/

Yo ya lo he suscrito...


MANIFIESTO DE LOS LIBRES E IGUALES

España vive un momento crítico.


El secesionismo catalán pretende romper la convivencia entre los españoles y destruir su más valioso patrimonio: la condición de ciudadanos libres e iguales. El nacionalismo antepone la identidad a la ciudadanía, los derechos míticos de un territorio a los derechos fundamentales de las personas, el egoísmo a la solidaridad. Desprecia el pluralismo social y político, y cuando trata de establecer fronteras interiores arrincona como extranjeros en su propio país a un abrumador número de ciudadanos.

El secesionismo catalán se hermana con el populismo antieuropeo y promueve la derrota de la democracia española. Evitar esa derrota es responsabilidad de todos y la primera obligación de los partidos políticos.

Hasta ahora el desafío secesionista no ha recibido la respuesta que merece. España es hoy un Estado a la defensiva y en sus élites prevalecen el tacticismo y la resignación. No existe un auténtico debate público sobre el fondo gravemente reaccionario del nacionalismo ni sobre las consecuencias de su proyecto para la libertad, la igualdad y la seguridad de los ciudadanos. En cambio proliferan maniobras opacas para ofrecer nuevos privilegios al nacionalismo a costa de la soberanía de los españoles.

En estas circunstancias, los abajo firmantes, ciudadanos radicalmente comprometidos con los principios constitucionales de la libertad y la igualdad, entendemos que es imprescindible abrir un debate público que informe y comprometa al conjunto de los españoles. Nosotros asumimos la responsabilidad y pasamos a la acción.

Reclamamos al Estado que aplique toda la ley y advierta con claridad de las consecuencias de violarla. Ninguna infracción debe quedar impune y ninguna sentencia puede ser desacatada.

Pedimos a los partidos políticos que se identifican con los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad que demuestren su compromiso con hechos. El Partido Popular, el Partido Socialista, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos, y cuantas formaciones quieran preservar las bases de nuestra convivencia democrática, deben:

1. Reivindicar la Constitución como consigna de ciudadanía y convivencia, sin renunciar a las reformas cíclicas que permitan que España sea una nación cada vez más integradora y de mayor calidad democrática.

2. Rechazar cualquier negociación que con el pretexto de evitar el conflicto que plantea el secesionismo catalán limite la soberanía del conjunto de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos.

3. Alcanzar un pacto público, solemne y conciso que establezca un compromiso transversal de unidad de acción frente al secesionismo y garantice la decisión de someter al referendo común cualquier alteración de las bases constitucionales.

Finalmente, nos dirigimos a todos los ciudadanos españoles.


Les pedimos que trabajen organizadamente por la deslegitimación intelectual y política del nacionalismo y que se movilicen con nosotros en defensa de la comunidad de libres e iguales que es responsable de la época más justa y fértil de la historia de España.

En Madrid, a 15 de julio de 2014


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