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Históricamente las Plazas de Soberanía fueron consideradas el testimonio
de la presencia secular de nuestro país en la ribera sur del Mediterráneo y
asumidas con naturalidad como parte del territorio nacional: España está
presente en Melilla desde 1497 (15 años antes de la incorporación de Navarra en
1512, por ejemplo), en el Peñón de Vélez de la Gomera desde 1508, en Alhucemas
desde 1560, en Ceuta desde 1580, y en Chafarinas desde 1848.
Sin embargo, tras la muerte de Franco estos territorios
norteafricanos se convirtieron en algo de lo que la clase política, con una
pueril obsesión por diferenciarse del régimen franquista, se avergonzaba, y que
se veían como un residuo del pasado que era mejor ocultar y, además, como un
obstáculo para esa relación más próxima a la claudicación que a la amistad que
los sucesivos Presidentes del Gobierno desde 1975 han desarrollado con el Rey
de Marruecos y el Gobierno de Rabat, desde Adolfo Suarez a Mariano Rajoy, pasando
por Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero...
Así, al supuesto pecado original (infundado, por otra parte…) de
ser vestigios de un vergonzoso pasado colonial, las Plazas de Soberanía sumaron
el ser un objeto de deseo por parte de Marruecos, a quien no debíamos ofender
en su pretensión de reintegrarlas a un fantasioso Gran Marruecos al que nunca
pertenecieron (como Canarias, como el Sáhara Occidental, como Mauritania, e
incluso como el norte de Mali), para lo cual lo mejor era comportarse como si
las Plazas de Soberanía no fueran españolas o, mejor aún, como si no
existieran, como si se las hubiera tragado el mar. De hecho, seguro que más de
un cargo público de la Transición añoró con nostalgia los desvaríos entre buenistas
y estúpidos de aquellos políticos de la segunda mitad del siglo XIX que, en
pleno reinado de Amadeo I de Saboya (tan buena persona él que casi dejó que nos
destrozaran el País de forma mancomunada los Carlistas, los Republicanos y los
Cantonalistas), llegaron a proponer en 1872 en las Cortes el abandono o
voladura, dado su nulo valor estratégico, del Peñón de Vélez de la Gomera (y eso
que se consideraban a sí mismos “patriotas”…).
Y, sin embargo, de un tiempo a esta parte los medios de comunicación
nos han hecho recordar la existencia de nuestras Plazas de Soberanía. Pero esto
ha sido así no por iniciativa de nuestra clase política. No. Esta novísima
notoriedad de las Plaza de Soberanía es consecuencia de que en los últimos
tiempos los traficantes de droga y los emigrantes ilegales que
permanentemente intentan entrar en la Península Ibérica desde Marruecos (donde
Mohamed VI sigue gobernando con mano de hierro -el guante de seda ni se molesta
en ponérselo-, y cuyos funcionarios consienten, amparan y se lucran con cada
lancha de contrabando y cada patera con emigrantes ilegales que sale de las
costas marroquíes en dirección a nuestro territorio) han descubierto que las
Plazas de Soberanía sí son España, y que llegando a ellas se consigue
fácilmente un billete gratuito para viajar a la península por cuenta del
Estado.
Ante esta situación, el gobierno debería reaccionar, desplegar su
soberanía efectiva en las Plazas de Soberanía, e integrarlas plenamente en la
realidad jurídica, administrativa, de orden público, económica y de
infraestructuras del resto del territorio nacional, de modo que se visualizara
inequívocamente que forman parte de España.
Para ello sería necesario adoptar con carácter de urgencia las
siguientes medidas:
1)- en cumplimiento de lo
previsto por el artículo 137 de la Constitución Española (“El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y
en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.), las Plazas de
Soberanía deberían ser integradas a todos los efectos en la estructura
territorial del Estado, constituyéndose en municipios encuadrados en una
provincia concreta, integrados a su vez en una comunidad autónoma específica
(actualmente solo la Isla de Alborán, que pertenece al municipio de Almería,
tiene esta consideración).
2)- establecer en todas las
Plazas de Soberanía una presencia permanente de la Guardia Civil,
independientemente de las unidades del ejército que puedan estar desplegadas en
algunas de ellas por necesidades de la defensa nacional.
3)- en aquellas plazas de
soberanía que tengan frontera terrestre con Marruecos, llevar a cabo un
deslinde físico de la frontera (a día de hoy se carece del mismo en el Peñón de
Vélez de la Gomera) y establecer los correspondientes pasos fronterizos para
personas y mercancías.
4)- dotar a todas las Plazas de
Soberanía de unas infraestructuras mínimas que permitan el asentamiento
permanente de población en las mismas, y que al menos incluyan un fondeadero,
un helipuerto, una planta generadora de electricidad, y una desalinizadora.
5)- articular los instrumentos
jurídicos y administrativos necesarios para propiciar el asentamiento de población
civil permanente en las Plazas de Soberanía, tales como sistemas de cesión de
suelo público para tal fin.
6)- otorgar a las Plazas de
Soberanía un estatuto específico de ámbito fiscal que facilite el desarrollo en
las mismas de actividades económicas (exención de impuestos, régimen de puerto
franco, etc.).
Las naciones, como las personas, construyen su realidad a base de
trabajo, pero también son depositarias de la herencia acumulada con el esfuerzo
de las generaciones precedentes. Y salvo que pierdan su dignidad y su respeto
por sí mismas, las naciones, como las personas, están obligadas preservar ese
patrimonio de los antepasados. Y lo mismo le ocurre a España con la parte de su territorio que está en África.
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