Cuando escribo estas líneas España lleva ya más de 5 semanas en estado de alarma debido a la crisis motivada por la epidemia del coronavirus COVID 19.
El impacto de esta tragedia sanitaria para nuestra sociedad está siendo de tal calibre que, hasta el momento, y según unas estadísticas oficiales que en realidad hoy en día casi nadie ya se cree, desde que comenzó esta desgracia habrían muerto en nuestro país 21.717 personas, lo que supone un 0,05% de la población total española. Para poner en contexto esta cifra hay que pensar que, si la epidemia se hubiera concentrado en una única localidad del territorio nacional, un municipio del tamaño de Medina del Campo (o de Mondragón, o de San Juan de Aznalfarache, o de Villanueva de la Cañada, o de San Feliu de Guíxols…) hoy ya no existiría.
Y es que el coronavirus COVID 19 se ha cebado en España casi como en ningún otro sitio porque, a pesar de que somos un país desarrollado del primer mundo con un estado del bienestar consolidado y un sistema sanitario público robusto, la decimotercera economía mundial por PIB sobre un total de 193 países, nuestros muertos por COVID 19 son ya más del 12% del total de fallecidos en el conjunto del planeta, mientras que nuestra población tan solo representa el 0,6% del total mundial.
Ante la magnitud de esta tragedia, un observador que aterrizara hoy en España y desconociera por completo los antecedentes de cómo hemos llegado hasta este punto probablemente pensaría que si la crisis del coronavirus COVID 19 ha alcanzado aquí estos límites, en contraste con lo ocurrido en otros sitios, es porque nuestros 21.717 muertos son el resultado de un gobierno negligente y de una sociedad irresponsable que no habrían hecho nada útil para combatir la epidemia.
Sin embargo, nosotros sabemos que no es así, porque hace ya más de 5 semanas que nuestro gobierno decidió paralizar el país y confinar a la inmensa mayoría de la población en sus domicilios para de esta manera tratar de frenar la propagación el COVID 19.
No voy a cuestionar aquí si desde el punto de vista sanitario paralizar a un país como España y a sus más de 47 millones de habitantes era la mejor forma, o acaso la única, de atajar la epidemia; no soy médico y por tanto no tengo conocimientos para ello. Y tampoco discutiré si estas 5 semanas de confinamiento y de estado de alarma han sido efectivas, porque no tengo una bola de cristal para saber cuál habría sido la extensión del COVID 19 si no se hubieran aplicado tales medidas.
Ahora bien, como junto a la evidente magnitud sanitaria y al coste en vidas humanas de la crisis del coronavirus COVID 19 hay otro aspecto de crucial importancia en este drama, como es su impacto en el sistema productivo del país y en los bolsillos de millones de personas, igual que nos preocupamos por la evolución de las estadísticas de contagiados, recuperados y fallecidos por la epidemia, creo que también deberíamos prestarle alguna atención a la cuantificación económica de sus efectos.
Y en el aspecto económico las cifras de estas últimas semanas son para echarse a temblar.
Así, si miramos el paro veremos que en febrero de 2020, antes de que todo esto empezara, en España había 3.250.000 parados registrados. Sin embargo, al día en el que escribo estas líneas 500.000 personas han sido ya despedidas desde que empezó el estado de alarma, y según el Banco de España otras 4.600.000 más han sido objeto de un ERTE. Por todo ello, siendo muy optimistas y pensando que no hubiera ya nuevos despidos en lo que queda de año y que solo un 10% de los afectados por un ERTE perdieran finalmente su trabajo, a diciembre de 2020 podríamos estar hablando de al menos 4.250.000 parados en España, que es 1.000.000 más de los había antes del inicio de la epidemia.
Si observamos ahora la riqueza nacional las cifras no son mejores, pues mientras en 2019 terminamos el año con un PIB de 1.244.757 millones de euros, el Banco de España a abril de 2020 está estimando para el conjunto del ejercicio una caída de alrededor del 9,5%, hasta los 1.126.505 millones de euros, lo cual quiere decir que este año el país producirá 120.000 millones de euros menos.
Y si proyectamos estas cifras para calcular ingresos y gastos, entonces la cosa se pone realmente negra. Y es que en 2019 el Estado Español ingresó unos 325.000 millones de euros, un 26% del PIB, pero se gastó 360.000 millones de euros, casi un 29% del PIB, así que si aplicamos las mismas hipótesis para 2020 los ingresos del Estado se quedarían en unos 295.000 millones de euros. Y esta cifra de ingresos supondría 30.000 millones menos que en el ejercicio anterior, con los cuales sin embargo habría que pagar la reconstrucción del país tras la crisis del COVID 19 y, además, atender a, como mínimo, 4.250.000 parados.
¿Alguien se cree que esto será posible?; al menos el gobierno de España no es de esa opinión… Y es precisamente por el negro panorama que estas cifras muestran por lo que Pedro Sánchez lleva semanas hablando de la necesidad de la solidaridad por parte de la Unión Europea para salir de la crisis del COVID 19, pues sabe perfectamente que de otro modo las cifras simple y llanamente no cuadrarán.
Lo que pasa es que no todo el mundo en Europa comparte la visión de nuestro gobierno sobre la conveniencia de pagar a escote la factura del COVID 19, y ello básicamente debido a nuestra gestión económica previa a la epidemia. Porque si bien es verdad que a principios de año nadie podía imaginarse la que se nos iba a venir encima con el coronavirus, no es menos cierto que España llegó al inicio de 2020 con unas finanzas públicas en una situación ya de por sí comprometida. Porque hay que tener presente que a cierre de 2019 España tenía un déficit fiscal del 2,9% y una deuda pública sobre PIB del 98%, mientras que por ejemplo Holanda tenía un superávit fiscal de 0,3% y una deuda pública sobre PIB del 50%. Y, sin embargo, a pesar de estas cifras, Pedro Sánchez se paseaba por Europa a principios de 2020 alardeando de la salud de nuestra economía por haber crecido al 2% en 2019, y anunciando iniciativas progresistas para incrementar aún más el gasto (¿hemos olvidado ya los denominados “viernes sociales” del gobierno en el otoño de 2019?), para de esta manera dar cumplimiento al programa de gobierno de la coalición PSOE-PODEMOS.
Y claro, ahora que pintan bastos hay gente en Europa que cuando oye a Sánchez hablar de solidaridad, de mutualizar la deuda y de emitir eurobonos para superar la crisis económica del coronavirus (lo que, traducido al cristiano, quiere decir que "yo España voy a pedir prestado pero quiero que los demás seáis mis avalistas, porque así, si yo no pago, pues pagaréis vosotros...) pues igual se mosquea un poco y no está por la labor, porque piensa que quizá deberíamos haber aprovechado nuestro crecimiento de los últimos años para reducir déficit y deuda, y así ahora estaríamos en disposición de arreglar nosotros solos nuestros propios problemas económicos por causa de la crisis del COVID 19 sin tener que recurrir al dinero de los demás…
Habrá que ver en qué acaban las discusiones a nivel de la Unión Europea sobre cómo financiar la recuperación económica para salir de la crisis del COVID 19, pero mientras tanto igual que estamos preocupándonos por la dimensión sanitarios de la epidemia, quizá también deberíamos fijarnos en su impacto económico, aunque solo sea para estar mínimamente preparados para la que se nos viene encima.
El impacto de esta tragedia sanitaria para nuestra sociedad está siendo de tal calibre que, hasta el momento, y según unas estadísticas oficiales que en realidad hoy en día casi nadie ya se cree, desde que comenzó esta desgracia habrían muerto en nuestro país 21.717 personas, lo que supone un 0,05% de la población total española. Para poner en contexto esta cifra hay que pensar que, si la epidemia se hubiera concentrado en una única localidad del territorio nacional, un municipio del tamaño de Medina del Campo (o de Mondragón, o de San Juan de Aznalfarache, o de Villanueva de la Cañada, o de San Feliu de Guíxols…) hoy ya no existiría.
Y es que el coronavirus COVID 19 se ha cebado en España casi como en ningún otro sitio porque, a pesar de que somos un país desarrollado del primer mundo con un estado del bienestar consolidado y un sistema sanitario público robusto, la decimotercera economía mundial por PIB sobre un total de 193 países, nuestros muertos por COVID 19 son ya más del 12% del total de fallecidos en el conjunto del planeta, mientras que nuestra población tan solo representa el 0,6% del total mundial.
Ante la magnitud de esta tragedia, un observador que aterrizara hoy en España y desconociera por completo los antecedentes de cómo hemos llegado hasta este punto probablemente pensaría que si la crisis del coronavirus COVID 19 ha alcanzado aquí estos límites, en contraste con lo ocurrido en otros sitios, es porque nuestros 21.717 muertos son el resultado de un gobierno negligente y de una sociedad irresponsable que no habrían hecho nada útil para combatir la epidemia.
Sin embargo, nosotros sabemos que no es así, porque hace ya más de 5 semanas que nuestro gobierno decidió paralizar el país y confinar a la inmensa mayoría de la población en sus domicilios para de esta manera tratar de frenar la propagación el COVID 19.
No voy a cuestionar aquí si desde el punto de vista sanitario paralizar a un país como España y a sus más de 47 millones de habitantes era la mejor forma, o acaso la única, de atajar la epidemia; no soy médico y por tanto no tengo conocimientos para ello. Y tampoco discutiré si estas 5 semanas de confinamiento y de estado de alarma han sido efectivas, porque no tengo una bola de cristal para saber cuál habría sido la extensión del COVID 19 si no se hubieran aplicado tales medidas.
Ahora bien, como junto a la evidente magnitud sanitaria y al coste en vidas humanas de la crisis del coronavirus COVID 19 hay otro aspecto de crucial importancia en este drama, como es su impacto en el sistema productivo del país y en los bolsillos de millones de personas, igual que nos preocupamos por la evolución de las estadísticas de contagiados, recuperados y fallecidos por la epidemia, creo que también deberíamos prestarle alguna atención a la cuantificación económica de sus efectos.
Y en el aspecto económico las cifras de estas últimas semanas son para echarse a temblar.
Así, si miramos el paro veremos que en febrero de 2020, antes de que todo esto empezara, en España había 3.250.000 parados registrados. Sin embargo, al día en el que escribo estas líneas 500.000 personas han sido ya despedidas desde que empezó el estado de alarma, y según el Banco de España otras 4.600.000 más han sido objeto de un ERTE. Por todo ello, siendo muy optimistas y pensando que no hubiera ya nuevos despidos en lo que queda de año y que solo un 10% de los afectados por un ERTE perdieran finalmente su trabajo, a diciembre de 2020 podríamos estar hablando de al menos 4.250.000 parados en España, que es 1.000.000 más de los había antes del inicio de la epidemia.
Si observamos ahora la riqueza nacional las cifras no son mejores, pues mientras en 2019 terminamos el año con un PIB de 1.244.757 millones de euros, el Banco de España a abril de 2020 está estimando para el conjunto del ejercicio una caída de alrededor del 9,5%, hasta los 1.126.505 millones de euros, lo cual quiere decir que este año el país producirá 120.000 millones de euros menos.
Y si proyectamos estas cifras para calcular ingresos y gastos, entonces la cosa se pone realmente negra. Y es que en 2019 el Estado Español ingresó unos 325.000 millones de euros, un 26% del PIB, pero se gastó 360.000 millones de euros, casi un 29% del PIB, así que si aplicamos las mismas hipótesis para 2020 los ingresos del Estado se quedarían en unos 295.000 millones de euros. Y esta cifra de ingresos supondría 30.000 millones menos que en el ejercicio anterior, con los cuales sin embargo habría que pagar la reconstrucción del país tras la crisis del COVID 19 y, además, atender a, como mínimo, 4.250.000 parados.
¿Alguien se cree que esto será posible?; al menos el gobierno de España no es de esa opinión… Y es precisamente por el negro panorama que estas cifras muestran por lo que Pedro Sánchez lleva semanas hablando de la necesidad de la solidaridad por parte de la Unión Europea para salir de la crisis del COVID 19, pues sabe perfectamente que de otro modo las cifras simple y llanamente no cuadrarán.
Lo que pasa es que no todo el mundo en Europa comparte la visión de nuestro gobierno sobre la conveniencia de pagar a escote la factura del COVID 19, y ello básicamente debido a nuestra gestión económica previa a la epidemia. Porque si bien es verdad que a principios de año nadie podía imaginarse la que se nos iba a venir encima con el coronavirus, no es menos cierto que España llegó al inicio de 2020 con unas finanzas públicas en una situación ya de por sí comprometida. Porque hay que tener presente que a cierre de 2019 España tenía un déficit fiscal del 2,9% y una deuda pública sobre PIB del 98%, mientras que por ejemplo Holanda tenía un superávit fiscal de 0,3% y una deuda pública sobre PIB del 50%. Y, sin embargo, a pesar de estas cifras, Pedro Sánchez se paseaba por Europa a principios de 2020 alardeando de la salud de nuestra economía por haber crecido al 2% en 2019, y anunciando iniciativas progresistas para incrementar aún más el gasto (¿hemos olvidado ya los denominados “viernes sociales” del gobierno en el otoño de 2019?), para de esta manera dar cumplimiento al programa de gobierno de la coalición PSOE-PODEMOS.
Y claro, ahora que pintan bastos hay gente en Europa que cuando oye a Sánchez hablar de solidaridad, de mutualizar la deuda y de emitir eurobonos para superar la crisis económica del coronavirus (lo que, traducido al cristiano, quiere decir que "yo España voy a pedir prestado pero quiero que los demás seáis mis avalistas, porque así, si yo no pago, pues pagaréis vosotros...) pues igual se mosquea un poco y no está por la labor, porque piensa que quizá deberíamos haber aprovechado nuestro crecimiento de los últimos años para reducir déficit y deuda, y así ahora estaríamos en disposición de arreglar nosotros solos nuestros propios problemas económicos por causa de la crisis del COVID 19 sin tener que recurrir al dinero de los demás…
Habrá que ver en qué acaban las discusiones a nivel de la Unión Europea sobre cómo financiar la recuperación económica para salir de la crisis del COVID 19, pero mientras tanto igual que estamos preocupándonos por la dimensión sanitarios de la epidemia, quizá también deberíamos fijarnos en su impacto económico, aunque solo sea para estar mínimamente preparados para la que se nos viene encima.
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