La España del año 2021 se ha convertido en un país en el que las leyes se relativizan y el principio de autoridad se cuestiona permanentemente, y de esta manera entre todos hemos convertido al Estado de Derecho en una mera formalidad y en un cascarón vacío.
Así, por ejemplo, cuando las Fuerzas de Orden Público intentan hacer cumplir la Ley que prohíbe consumir alcohol en espacios públicos y tratan de disolver los botellones que cada fin de semana se organizan en plazas, parques y playas de todo el país, un día sí y otro también los policías son expulsados a golpes y patadas de esos botellones, y semejante violencia, que encajaría perfectamente entre las conductas tipificadas como delito por el Derecho Penal español, rara vez tienen alguna consecuencia más allá de que unos cuantos policías acaben ese día descalabrados.
Y si las cosas son así no será, desde luego, porque nuestras leyes no establezcan la debida protección para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a fin de que cuenten con la autoridad suficiente para cumplir su función de protegernos a todos, sino porque esas leyes de que nos hemos dotado no se respetan, los Poderes Públicos no velan por su aplicación, y nosotros los Ciudadanos ponemos más bien poco de nuestra parte para salvaguardarlas.
Y eso que, si uno echa un vistazo a nuestra legislación, las cosas en teoría parecen estar bastante claras, y se diría que la autoridad de los Cuerpos Policiales está garantizada.
Por ejemplo, el vigente Código Penal en su artículo 556 tipifica en los siguientes términos el Delito de Desobediencia Grave: ”1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.". Y por su parte el artículo 550 del Código Penal regula de la siguiente manera el Delito de Atentado contra la Autoridad: ”1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. 3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses."
Y, sin embargo, ¿Cuántos de los que todos los fines de semana desafían a la Policía por toda España haciendo botellón en la calle, desobedeciendo las órdenes de cesar en esa actividad, e incluso agrediendo a los agentes cuando éstos tratan de disolverlos, son detenidos y juzgados por Desobediencia a la Policía o por Atentado a la Autoridad?
Durante décadas tanto una Izquierda demagógica como una Derecha acomplejada se han dedicado a socavar la autoridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en España con la excusa de corregir y compensar supuestos excesos autoritarios del pasado, y a la vez han dejado la educación pública en manos de las Comunidades Autónomas, en muchas ocasiones controladas por formaciones políticas que no creen en la Soberanía Nacional ni en España, y de Sindicatos de la Enseñanza que han visto en su control del sistema educativo la oportunidad para ejercer el adoctrinamiento ideológico e imponer en las aulas su visión demagógica, igualitarista y ramplona de la sociedad.
El resultado de todo esto es que generaciones de jóvenes nacidos desde que se produjo la Transición a la Democracia han sido educadas en el desprecio por la Ley y la Policía, inicialmente porque Ley y Policía eran consideradas instrumentos represores, pero luego simplemente porque constituían la materialización del Principio de Autoridad que toda sociedad sana necesita para cumplir su función de protección a sus ciudadanos, pero que era visto por algunos como un obstáculo para su proyecto de ingeniería social postmoderna.
Aquí muchos le han reído las gracias a los chavales cuando se enfrentaban a los antidisturbios y quemaban contenedores en algaradas políticas; y también les han aplaudido cuando rodeaban el Congreso de los Diputados para presionar a gobiernos elegidos democráticamente simplemente porque no eran de su agrado; y ahora resulta que estamos recogiendo los frutos de lo sembrado y nos toca apechugar con las consecuencias de todo eso en forma de inseguridad callejera endémica e incumplimiento cronificado de las normas coercitivas, mientras nos damos cuenta de que igual ya es un poco tarde para corregir este lío tan solo con buenas palabras…
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