Una reforma laboral negativa

Presentación de la Reforma Laboral de 2021 en España 

En diciembre de 2021 el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, presidido por Pedro Sánchez, ha puesto en marcha en España una reforma pactada con los sindicatos del marco jurídico de las relaciones laborales, que viene a enmendar parcialmente la anterior Reforma Laboral de 2012, en su momento impulsada por el gobierno del PP entonces presidido por Mariano Rajoy.

Entre otras cosas, este nuevo marco de las relaciones laborales busca reducir la precariedad en el empleo y la temporalidad en la contratación en nuestro mercado, y para ello reconfigura y extiende el contrato fijo-discontinuo en detrimento del contrato temporal, para de esta manera tratar de actualizar y mejorar las condiciones de los trabajadores, sobre todo las de los más vulnerables.

Sin embargo, en cuanto la reforma se ha presentado se empieza a intuir cuál es la lectura que las empresas hacen de ella y por tanto cuáles podrían ser sus consecuencias prácticas a pesar de las buenas intenciones del Ejecutivo a la hora de ponerla en marcha.

Y es que, según las informaciones recientemente publicadas, si bien la Seguridad cerró 2021 en el máximo histórico de 19,82 millones de afiliados y el número de parados registrados cayó hasta los 3,1 millones, lo que podría considerarse un claro indicador de la recuperación de la actividad económica y el empleo, se observa también que, entre el 17 de diciembre, coincidiendo con el anuncio de la nueva reforma laboral, y el final del año, se han destruido en España 187.000 empleos.

Así, los datos expuestos parecen indicar que las empresas empiezan a ajustar plantillas en España por el miedo al incremento de costes empresariales que se les viene encima como consecuencia de la reforma laboral de diciembre de 2021.

El problema es que los políticos no quieren entender que las modalidades de contratación utilizadas en un determinado mercado laboral no pueden ser diseñadas e impuestas a priori por los poderes públicos, porque son consecuencia de los condicionantes económicas del modelo productivo en cada momento imperante en una economía, y no al revés.

Los tejidos productivos competitivos, flexibles, de alto valor añadido y que cuentan con un capital bien formado tienden a favorecer al empleo estable y de calidad y los salarios altos. Por el contrario, las economías poco competitivas, rígidas, de poco valor añadido y en las que los trabajadores no están bien formados dan lugar a empleo precario y salarios bajos.

En un país de servicios y actividad discontinua y estacional como es España, pretender forzar la estabilidad en el empleo a golpe de decreto, sin que previamente se haya dado un cambio real en el modelo productivo hacia actividades desestacionalizadas y de más valor añadido a buen seguro producirá la paulatina expulsión del mercado laboral de los trabajadores no cualificados y de aquellos considerados poco productivos por el sistema, tanto por su edad como por su formación o sus condiciones sociofamiliares.

Por el camino elegido por el gobierno la futura dualidad del mercado laboral español no será entre empleo estable y empleo precario, sino entre quienes tengan trabajo y aquellos que acaben siendo expulsados del sistema y condenados al desempleo permanente y la marginalidad.