El acoso al español en Cataluña

Canet de Mar es una localidad española de la provincia de Barcelona, Comunidad Autónoma de Cataluña, en la que recientemente ha surgido un grave conflicto en el seno de la comunidad educativa del colegio público Turó del Drac motivado por el rechazo a la aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo, que a su vez confirma una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según la cual, y siempre que así lo soliciten los padres de un alumno, un centro educativo tiene la obligación de impartir en clase el 25% de las horas lectivas en español, y ello a pesar de que la vigente legislación autonómica catalana en materia educativa consagra el principio de inmersión lingüística en las escuelas y define al catalán como la lengua vehicular de la enseñanza en esa comunidad autónoma, en tanto la considera la lengua propia de Cataluña.

Este asunto del colegio público Turó del Drac de Canet de Mar es la consecuencia última de décadas de política lingüística y educativa en Cataluña que, con la teórica finalidad de preservar y potenciar una lengua catalana en retroceso por la supuesta presión hegemónica de la lengua española, en realidad han instaurado todo un sistema de discriminación positiva en la vida pública catalana y, gracias a la acción de gobierno de los diversos ejecutivos gobiernos autonómicos desde la restauración de la Generalidad de Cataluña, han dado como resultado que el español se haya convertido de facto en esa región en una lengua despreciada y maltratada, y un idioma que las generaciones de catalanes educados en la Comunidad Autónoma desde que en 1983 se puso en marcha la Legislación de Normalización Lingüista Cataluña aprenden de forma deficiente, lo que a día de hoy ya les acarrea dificultades de desarrollo profesional y aun de comunicación en el resto de España, además de suponer un flagrante incumplimiento de hecho del artículo 3.1 de la vigente Constitución Española de 1978, que establece que "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla."

En última instancia la gestión de la cuestión lingüística en Cataluña por parte de los diversos gobiernos autonómicos sólo ha servido hasta ahora, no para preservar y fomentar el catalán, sino para hacer de la lengua una palanca de política separatista y una herramienta fundamental para la instauración en la vida pública de un apartheid cultural en contra de todo lo español, y aun del propio concepto de España como Nación.

Pero no sería justo culpar de lo ocurrido en estas décadas en Cataluña con la cuestión de la lengua exclusivamente a la Generalidad. Porque todo lo que ha pasado solo ha sido posible gracias al buenismo naif y acomplejado de los redactores de la Constitución de 1978 y los gobiernos de la Transición, que pusieron en manos del catalanismo político el arma de la lengua llevados por una suerte de mala conciencia tras décadas de franquismo en España; y al pasteleo del Tribunal Constitucional, que en 1994 no quiso ver lo que estaba pasando y blanqueó la Ley de Normalización de 1983 por razones inconfesables; y al mercadeo político de los sucesivos presidentes del gobierno de España (desde Felipe González a Pedro Sánchez pasando por Aznar, Rodríguez Zapatero y Rajoy...), que siempre han estado más que dispuestos a mirar para otro lado y a abandonar a millones de castellanoparlantes a su suerte en Cataluña a cambio de un puñado de votos del regionalismo y el secesionismo catalanes en las Cortes Generales.

Por ello, ahora es impresentable no sólo la postura del gobierno independentista de la Generalidad de Cataluña en la cuestión de la lengua (como nos enseña la fábula del Escorpión y la Rana, "cada animal actúa siempre según su naturaleza..."), sino también, y sobre todo, la de PSOE y PP, porque ellos, los dos grandes partidos españoles de las ultimas décadas, han creado el problema con su mezquindad política y su pasividad cómplice, aunque también ellos podrían resolverlo en cuanto tuvieran la voluntad política necesaria para ello…

Porque, si bien es cierto que el Estatuto de Cataluña y las Leyes de Normalización Lingüística catalanas dicen lo que dicen sobre que el catalán es la lengua propia de Cataluña y la vehicular del sistema educativo catalán, también lo es que la Constitución Española como Ley de Leyes prima sobre cualquier otra norma, y que la simple reforma del Título VIII de la Carta Magna estableciendo de manera expresa que el Estado tuviera la obligación y la capacidad exclusiva de garantizar de manera efectiva el derecho de todos los ciudadanos, sin excepciones, a utilizar el español en todo el territorio nacional, en línea el citado artículo 3.1, resolvería la situación a la que hemos llegado, y una reforma constitucional como esa podría perfectamente salir adelante mañana mismo con los votos de PSOE y PP en el Congreso y el Senado, pues según lo establecido en el artículo 167 de la propia Constitución tan sólo requeriría el voto favorable de una mayoría de tres quintos de ambas cámaras.

Así que basta ya de aceptar como irremediable el abandono y la marginación del español en Cataluña. Porque los que lo justifican con la excusa de la normalización lingüística y la protección del catalán están vulnerando los derechos humanos de los castellanoparlantes, y por ende están imitando los procesos de rusificación de la Unión Soviética con Stalin o la imposición del idioma afrikáans a la población negra en el sistema educativo de la Sudáfrica Blanca. Y porque tanto los que desde el Gobierno de España dicen ahora que esto es legal y no tiene solución, como los que desde la Oposición hoy se rasgan las vestiduras, pero en su momento no hicieron absolutamente nada cuando tuvieron la oportunidad y la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo, lo que están haciendo es mentirnos y tomarnos el pelo.