A junio/2018 se ha alcanzado en España la cifra récord de 9.000 millones de € mensuales de gasto para el pago de pensiones públicas. Además, las cotizaciones sociales que un trabajador medio acumula durante toda su vida laboral tan solo financian ya las pensiones que recibe durante sus 12 primeros años como pensionista, mientras que su esperanza de vida media tras la jubilación es actualmente de 21 años.
Por todo ello se hace cada vez más urgente acabar con esa especie de estafa piramidal masiva que es en realidad el sistema público de pensiones en España, y reformarlo radicalmente incorporando al mismo una serie de medidas que garanticen su sostenibilidad y su equidad: vinculando de forma individualizada las cotizaciones sociales que cada trabajador genera con la pensión que recibirá cuando deje de estar en activo; fijando la pensión que efectivamente se cobrará en función de la esperanza de vida real de cada persona en el momento en el que en realidad se jubile; y dejando a la libre elección de cada cual elegir su propia edad de jubilación, asumiendo, por tanto el efecto de esta decisión en el cálculo final de la pensión a cobrar.
Adicionalmente se debe diferenciar entre lo que son pensiones contributivas, las construidas en base a las cotizaciones sociales que cada trabajador y su empleador aportan a la Seguridad Social durante toda su vida laboral, y aquellas otras pensiones carentes de una base de cotización y que responden a un concepto de solidaridad social (pensiones no contributivas, pensiones mínimas por imperativo legal, pensiones de viudedad, pensiones de orfandad, etc.), que deben ser financiadas única y exclusivamente por el Estado vía impuestos, pero que no deben generar títulos vitalicios, sino que han de quedar sujetas a las correcciones necesarias en función de la evolución anual de las cuentas públicas. Y es que la solidaridad se debe apoyar en la riqueza cierta efectivamente generada en cada momento por la sociedad, pero no en la expectativa incierta de una riqueza futura que todavía no existe.
Habrá quien sostenga que este cambio del sistema de pensiones no es factible por la estructura de nuestra pirámide de población, a día de hoy completamente invertida. Sin embargo, si una reforma como esta fuera objeto de un consenso amplio a nivel social y se aplicara de manera paulatina, como ya ha ocurrido en diversos países de Europa y América, la transición no tendría por qué ser tan dramática, sobre todo si se ejecuta aprovechando un ciclo expansivo de la economía.
Así, una posible secuencia de implantación de la reforma pasaría por segmentar a la población por edad y darle a cada grupo un tratamiento diferenciado: a partir de una determinada fecha las nuevas incorporaciones al mercado laboral lo serían necesariamente al nuevo sistema; las capas intermedias de la población verían calculados a esa fecha sus aportes acumulados al sistema de pensiones y podrían optar por pasar al nuevo o quedarse en el antiguo; y aquellos ciudadanos próximos a la edad de jubilación o ya jubilados permanecerían en el sistema antiguo hasta su extinción.
Y que quede claro que el sistema propuesto no va en contra de lo público. porque es perfectamente compatible con el necesario papel rector de la Administración en un Estado del Bienestar, que seguiría siendo el gestor y el garante del sistema. Y tampoco conlleva desmontar la solidaridad, sino que lo que propugna es hacer al Estado responsable de la misma con los recursos de los que le dotamos entre todos vía impuestos, en vez de que pase como hasta ahora, que esa solidaridad la pagan los trabajadores en activo y las empresas haciendo un totum revolutum con las cotizaciones sociales, las pensiones contributivas y las llamadas pensiones no contributivas.
Porque de esta manera nuestro sistema público de pensiones se transformaría en un modelo predecible financieramente, sostenible, ajeno a las manipulaciones cortoplacistas de los políticos de turno, que fomentaría una generación de capitales beneficiosa para la economía del país, y que primaría además el ahorro individual y la responsabilidad de los ciudadanos para con su propio futuro.
