Acuerdo de pesca UE-Rabat, robo al Sáhara




Sáhara Occidental

El pasado mes de diciembre de 2013 el Parlamento Europeo convalidó, con el impulso de la comisaria de Pesca María Damanaki y el apoyo del gobierno español presidido por Mariano Rajoy, la firma del nuevo Acuerdo Pesquero UE-Marruecos. Este tratado supondrá que la flota pesquera española volverá a faenar en el banco de pesca canario-sahariano.

De esta manera se ha modificado la posición previa del Parlamento Europeo, que en diciembre de 2011 vetó la prórroga del anterior acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, debido, además de a su nula rentabilidad económica para la Unión, al hecho de que desplegaba sus efectos tanto al norte del paralelo 27º 40, en las aguas territoriales que el Derecho Internacional reconoce a Marruecos (y donde, en realidad, apenas hay pesca), como al sur de esa línea (que es donde se encuentra uno de los caladeros más ricos del mundo), en aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental, territorio actualmente ocupado por la fuerza y de manera ilegítima por Marruecos.

El antiguo Sáhara Español es un Territorio No Autónomo sujeto a descolonización ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975 y del que España es, para la ONU y la Comunidad Internacional, Potencia Administradora “de iure”. En consecuencia, España es responsable de explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental en beneficio de la población autóctona, esto es, del Pueblo Saharaui, cuyo exclusivo representante legítimo, también según la ONU, es el Frente Popular de Liberación de Saquía el Hamra y Río de Oro, es decir, el Frente POLISARIO.

De lo expuesto se deduce que las instituciones europeas, al validar el nuevo Acuerdo pesquero UE-Marruecos están dando por bueno que Europa actúe como un vulgar receptador, pues lo que se pretende es simplemente traficar con pescado robado pagándole al ladrón un jugoso canon anual.

Porque robar, y no otra cosa, es ir a un lugar a llevarnos sus riquezas sin ni siquiera pedirle permiso al dueño; y receptar, y no otra cosa, es comprarle a alguien aquello que previamente ha robado. Y esto es así aunque lo robado no sea un electrodoméstico o un vehículo de alta gama, sino peces, y aunque el robo no se produzca en un domicilio particular, sino en las aguas jurisdiccionales de un Territorio ocupado y explotado ilegalmente por una potencia extranjera desde hace 38 años.

De esta manera, el Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, ha perdido una magnífica oportunidad para demostrar a nuestros socios europeos, a nuestros vecinos, y, sobre todo, a la ciudadanía española, que su intención en esta legislatura era recuperar el prestigio exterior de España, y hacer que nuestro País volviera a ser respetado en el Mundo por practicar una política exterior solvente, seria, y respetuosa con la Legalidad Internacional. Por el contrario, el Gobierno Rajoy, al avalar a la comisaria Damanaki y apoyar el nuevo Acuerdo Pesquero UE-Marruecos, ha decidido comportarse como un ladrón o, peor aún, como un receptador (que también roba, pero paga a otro para que le haga el trabajo sucio).

Y no vale decir que se quiere que la UE firme el Acuerdo pesquero con Marruecos para proteger a nuestra flota. Si realmente se quisiera proteger a nuestros pescadores y, a la vez, actuar con un mínimo de decencia, lo que debería haber hecho el Gobierno Rajoy es plantear a la UE que suscribiera dos acuerdos pesqueros: uno con Marruecos relativo a las aguas al norte del paralelo 27º 40, y otro de aplicación en las aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental, el cual se debería haber negociado con la propia España como Potencia Administradora del Territorio y con el Frente POLISARIO como exclusivo representante legítimo del Pueblo Saharaui.

La Unión Europea, con el apoyo y la connivencia del Gobierno Rajoy, ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que defiende el sentido común y el imperio de la Ley, y, por el contrario, ha decidido comportarse como una banda que no tiene reparos en hacer negocios con un ladrón de pescado.