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| Sáhara Occidental |
El pasado mes de diciembre de 2013 el Parlamento
Europeo convalidó, con el impulso de la comisaria de Pesca María Damanaki
y el apoyo del gobierno español presidido por Mariano Rajoy, la firma del nuevo
Acuerdo Pesquero UE-Marruecos. Este tratado supondrá que la flota
pesquera española volverá a faenar en el banco de pesca canario-sahariano.
De esta manera se ha modificado la posición previa del Parlamento Europeo,
que en diciembre de 2011 vetó la prórroga del anterior acuerdo pesquero entre
la UE y Marruecos, debido, además de a su nula rentabilidad económica para la Unión,
al hecho de que desplegaba sus efectos tanto al norte del paralelo 27º 40, en
las aguas territoriales que el Derecho Internacional reconoce a Marruecos (y
donde, en realidad, apenas hay pesca), como al sur de esa línea (que es donde
se encuentra uno de los caladeros más ricos del mundo), en aguas
jurisdiccionales del Sáhara Occidental, territorio actualmente ocupado por la
fuerza y de manera ilegítima por Marruecos.
El antiguo Sáhara Español es un Territorio No Autónomo sujeto a descolonización
ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975 y del que España es, para la ONU y
la Comunidad Internacional, Potencia Administradora “de iure”. En consecuencia,
España es responsable de explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental
en beneficio de la población autóctona, esto es, del Pueblo Saharaui, cuyo
exclusivo representante legítimo, también según la ONU, es el Frente Popular de
Liberación de Saquía el Hamra y Río de Oro, es decir, el Frente POLISARIO.
De lo expuesto se deduce que las instituciones europeas, al validar el nuevo
Acuerdo pesquero UE-Marruecos están dando por bueno que Europa actúe como un vulgar
receptador, pues lo que se pretende
es simplemente traficar con pescado robado pagándole al ladrón un jugoso canon
anual.
Porque robar, y no otra cosa, es ir a un lugar a
llevarnos sus riquezas sin ni siquiera pedirle permiso al dueño; y receptar, y
no otra cosa, es comprarle a alguien aquello que previamente ha robado. Y esto
es así aunque lo robado no sea un electrodoméstico o un vehículo de alta gama,
sino peces, y aunque el robo no se produzca en un domicilio particular, sino en
las aguas jurisdiccionales de un Territorio ocupado y explotado ilegalmente por
una potencia extranjera desde hace 38 años.
De esta manera, el Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente,
ha perdido una magnífica oportunidad para demostrar a nuestros socios europeos,
a nuestros vecinos, y, sobre todo, a la ciudadanía española, que su intención en
esta legislatura era recuperar el prestigio exterior de España, y hacer que
nuestro País volviera a ser respetado en el Mundo por practicar una política
exterior solvente, seria, y respetuosa con la Legalidad Internacional. Por el
contrario, el Gobierno Rajoy, al avalar a la comisaria Damanaki y apoyar el nuevo
Acuerdo Pesquero UE-Marruecos, ha decidido comportarse como un ladrón o, peor
aún, como un receptador (que también roba, pero paga a otro para que le haga el
trabajo sucio).
Y no vale decir que se quiere que la UE firme el Acuerdo pesquero con Marruecos
para proteger a nuestra flota. Si realmente se quisiera proteger a nuestros
pescadores y, a la vez, actuar con un mínimo de decencia, lo que debería haber
hecho el Gobierno Rajoy es plantear a la UE que suscribiera dos acuerdos
pesqueros: uno con Marruecos relativo a las aguas al norte del paralelo 27º 40,
y otro de aplicación en las aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental, el
cual se debería haber negociado con la propia España como Potencia
Administradora del Territorio y con el Frente POLISARIO como exclusivo
representante legítimo del Pueblo Saharaui.
La Unión Europea, con el apoyo y la connivencia del Gobierno Rajoy, ha perdido una
oportunidad de oro para demostrar que defiende el sentido común y el imperio de
la Ley, y, por el contrario, ha decidido comportarse como una banda que no
tiene reparos en hacer negocios con un ladrón de pescado.
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